Propuesta a la Nación

 

 

Las Academias Nacionales tienen el agrado

de invitar a Ud (s) al acto solemne

de presentación de las

 

 

PROPUESTAS A LA NACIÓN

 

Paraninfo del  Palacio de las Academias   

Miércoles 10 de noviembre de 2010

Hora: 9:00 am.

Av. Universidad, Bolsa a San Francisco 

Brindis: Patio Vargas    

Metro: Capitolio         

RSVP 482 8504  482 9330   (Sólo excusas)

 

PROGRAMA

 

1.    Palabras de apertura - Dr. Pedro A. Palma - Coordinador

2.    La reconstrucción institucional del país - Academia de Ciencias Políticas y Sociales    

3.    La enseñanza de la historia - Academia Nacional de la Historia

4.    Estado de la salud en Venezuela - Academia Nacional de Medicina

5.    Pertinencia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo actual de Venezuela - Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

6.    La inflación y sus repercusiones en la calidad de vida de los venezolanos - Academia Nacional de Ciencias Económicas

7.    El desarrollo sostenible del país - Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

8.    Clausura / Brindis

 

 


ACADEMIA DE CIENCIAS  POLITICAS Y SOCIALES

LA RECONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL DEL PAIS

PROPUESTAS A LA NACIÓN DE LAS  ACADEMIAS NACIONALES

 

 

I. Las proclamaciones constitucionales y la realidad política

 

Venezuela  constitucionalmente es un  Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. En ese  sentido  la  Constitución es un programa para el establecimiento de  una sociedad democrática y plural. El modelo constitucional recoge las instituciones y los valores propios de las democracias  sociales modernas, instituciones y valores consolidados y reconocidos universalmente, tales como la representación popular y la elección; la separación de los poderes públicos y el control jurisdiccional de los gobernantes.     Sin embargo, en nuestra  realidad  política  la  separación de los poderes públicos, ha sido sustituida por un predominio prácticamente del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo que se postula la inconveniencia de la separación de poderes. .De otra parte, constitucionalmente  la  representación popular y las elecciones deben asegurar los principios de la representación proporcional y el reconocimiento electoral de las minorías.  No obstante,  los  resultados  de las elecciones del 26 de septiembre de 2010,  pusieron de manifiesto  que el sistema que se estableció de circuitos electorales  va en desmedro de la representación proporcional y de las minorías. La ausencia de un Parlamento autónomo, causa un desequilibrio a favor de uno de los poderes públicos, y produce los efectos negativos que para una democracia significa que uno de los poderes deje de cumplir su función natural de control y que los ciudadanos sientan que sus intereses no son tomados en cuenta o no son escuchados a la hora de legislar. Por  otro lado se desconoce el sistema  económico constitucional que  lleva a considerar la libre  iniciativa  no como derecho sino como excepción dentro de la  planificación económica gubernamental y a  la propiedad como  una simple licencia para el uso de los  bienes en los  sectores de la  producción, industriales, del  comercio y de los  servicios.  En la  realidad  política se constata  la falta de un Poder Judicial independiente, lo cual  pone en peligro la seguridad de los ciudadanos, atenta contra la preservación de la intangibilidad de los derechos humanos, elimina el control sobre los gobernantes para que actúen dentro de los límites del derecho y rompe la armonía que debe existir entre los principios y valores constitucionales y las leyes que están destinadas a conservarlos.  Un poder judicial sin autonomía es el que permite que el derecho de propiedad, consagrado como derecho humano por convenciones internacionales de las cuales es signatario el país y proclamado como derecho fundamental con valor constitucional, sea irrespetado y amenazado continuamente, afectándose el derecho al  libre  desenvolvimiento de la personalidad.  Es posible  señalar que Venezuela vive actualmente entre paradojas. Una de ellas es la constatación de que nunca se había hablado y escrito tanto acerca de la Constitución y de los principios constitucionales y jamás las denuncias de su irrespeto habían sido tan frecuentes, tanto  a nivel  nacional  como internacional. La razón radica en que el texto constitucional fue concebido para una democracia plural, pero  después de haber propiciado su reforma en el año 2007 y haber visto rechazada su propuesta en un referéndum,  se trata  de imponer las reformas rechazadas a través de leyes que no encajan en el marco constitucional, porque esas leyes están inspiradas en una única ideología socialista que no está recogida en la Constitución. Y  que resultan  excluyentes en la práctica de quienes no se identifican con esa ideología con alteración de los principios de igualdad  y de no discriminación.  Esta situación es potencialmente creadora de conflictos y de inestabilidad social.  Una paradoja más trascurre entre la  exaltación de los derechos constitucionales y la violencia criminal que afecta a los habitantes del país todos los días.  ¿Dónde está el derecho a la vida?, es la pregunta que se hacen las  víctimas de la inseguridad personal y sus  padres y parientes afligidos ante la pérdida irreparable de seres queridos. El Estado guardián de la paz y de la seguridad personal está muy lejos de estas personas.  La praxis política venezolana se ha deteriorado. Sin haber sido perfecta ni mucho menos, ha sufrido una erosión que se manifiesta hasta en el lenguaje empleado y en la distorsión deliberada de la historia, dos componentes de la vida diaria cuyo mal uso incomoda, agrede y exalta la mala educación. Una recuperación de la cortesía y de la corrección intelectual, junto con la práctica de la ética, le daría a la política una dignidad que merece y ha tenido en otras épocas de la historia venezolana.

 

 

II. La  reinstitucionalización del país.

 

    El breve resumen que precede lleva a concluir que es necesario resolver pacíficamente el problema esencial de la  vigencia  y eficacia del pacto social contenido en la Constitución.  En opinión de la Academia de Ciencias  Políticas y Sociales  se hace necesario que se proceda a una pacífica reconstrucción de la institucionalidad del país, proceso que podría llevarse a cabo en los términos que respetuosamente se proponen a continuación.

 

 

1. La supremacía de la Constitución. La Constitución proclama el  establecimiento de un  Estado de  Derecho  para una   sociedad democrática  a  través de los valores consensuados del  pluralismo, el  respeto de los derechos fundamentales,  la  separación y el  equilibrio entre los poderes, la  participación ciudadana, la  organización federal del  Estado,  la alternancia de los gobiernos,  un sistema  económico democrático,  la  seguridad jurídica y la independencia de los  jueces.   Valores  éstos  que de  no garantizarse  se pone  en riesgo de colapso un  sistema político  democrático que dice  basarse en el imperio de la Constitución y de la Ley.   Por  otro  lado, la supremacía de la  Constitución y el  imperio de la Ley  determinan que en la  democracia todo poder debe ser controlado.  De  allí la necesidad de que la sociedad democrática cuente con instituciones jurídicas que aseguren la  eficacia de las condiciones políticas que esos  valores implican  y  la implementación del  control político y  jurídico sobre el poder público.  Por  ello,   la  Academia de Ciencias  Políticas y Sociales cree su obligación  plantear la necesidad de un compromiso nacional de fortalecimiento de la institucionalidad democrática de nuestro páis frente al proceso de desinstitucionalización que se ha  venido produciendo  por  la  falta funcionamiento de las instituciones que tienen a su  cargo garantizar la supremacía constitucional,  el imperio de la ley , el  respeto de los derechos fundamentales, el sistema de partidos  y el  control del poder.

 

 2. La seguridad jurídica.   La seguridad jurídica como principio y como derecho ciudadano exige instituciones judiciales  que funcionen eficiente  e independientemente.  Por ello, considera  la  Academia de Ciencias  Políticas y Sociales  que la reciente elección de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para cuya legitimidad democrática y política  ha de darse dentro del mayor consenso  posible,  debe  demostrar  una  verdadera  voluntad de servir a los intereses superiores de la Nación, designándose a personas  que estuvieran por  encima  de las  posiciones  partidistas y fuera de toda  duda  o sospecha sobre  su imparcialidad, escogiéndolos conforme al procedimiento y requisitos establecidos en la Constitución  y respetándose  los espacios  de participación ciudadana que garantiza  la misma Constitución en el  proceso público de  selección. Esta designación  es  una oportunidad para el consenso y la convivencia, dentro del espiritu de  la Constitución de lo  que implica un pacto social.  El principio de seguridad  jurídica y el principio democrático, como pautas para la institucionalización del país,  impone definir también el  ámbito material de los  decretos con fuerza de ley dictados por el Presidente de la República, mediante  autorización de leyes habilitantes,   En efecto,  la Academia de Ciencias  Políticas y Sociales  estima que una interpretación de la  Constitución no puede llevar al  absurdo  de que no es posible  imponer   limites a dichos  decretos,   porque ello conduce  a la eliminación de las competencias constitucionales de la  Asamblea Nacional y a la  desnaturalización de la excepcionalidad de la delegación legislativa. 

 

3. Ética, responsabilidad, el control de la gestión pública y la  lucha  contra la  corrupción. Estos principios son pautas  para  la  actuación de los poderes del Estado,  que  justifican el  reclamo nacional por la ausencia de controles y de investigación de la  actividad gubernamental,  así como  por la alteración  de las reglas de la  disciplina presupuestaria y monetaria para facilitar el manejo de ingresos  extraordinarios y de las  reservas   internacionales,  con total  discrecionalidad, sin   claridad    y  sin rendición de cuentas.  Por ello,  la  Academia de Ciencias  Políticas y Sociales  considera que la  legitimidad de la  gobernabilidad democrática requiere  la concreción   en el manejo de los recursos públicos de los principios de la transparencia, de ausencia de   discrecionalidad, de rendición de cuentas  y de información y consultas en el proceso de la toma de decisiones, de planificación del  desarrollo y especialmente  de  investigación en la lucha  contra la  corrupción.   En ese orden de ideas,  la  Academia de Ciencias  Políticas y Sociales, considera que  en  el compromiso nacional de la reinstitucionalización del país,  al igual de lo que sucede en  los   parlamentos de países democráticos,  respecto de sus facultades de control y de  investigación,   se debe  incorporar  a las normas internas de la Asamblea Nacional la  obligatoriedad de  iniciar procesos  de investigación cuando se soliciten  por  porciones  significativas  de sus integrantes, para  no  dejar en manos de las mayorías las decisiones de  llevar a  cabo  tales  investigaciones, porque la transparencia, la probidad, la información, la rendición de cuentas  y la  lucha  contra la corrupción son determinantes de la honradez, eficiencia, confiabilidad  y responsabilidad de las administraciones públicas  en  una  gobernabilidad  democrática.    

 

4. Derechos económicos y sociales. La  utilización de las ocupaciones indefinidas de bienes privados como sanciones por el incumplimiento de obligaciones administrativas o contractuales, o de las  expropiaciones de bienes singulares para penalizar a sectores productivos e industriales o de  servicios,  o su utilización como un instrumento normal para la  estatización de actividades económicas que no han sido reservadas mediante leyes orgánicas por carecer de de interés público y  estratégico, y las ocupaciones anticipadas a los procedimientos expropiatorios mediante la utilización  de fuerzas  militares,  fomentan la inseguridad jurídica  y ahuyentan las inversiones que impone un desarrollo armónico de la economía nacional.  Así  como la promulgación de leyes  para  imponer un modelo económico de  un estado corporativo excluyente para  sustituir  el sistema democrático  de  equilibrio económico.   Por  ello, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales  cree conveniente  la promulgación de una  ley marco que regule las facultades de intervención del Estado respecto del contenido esencial de los derechos  económicos y sociales.

5. Seguridad y defensa. Por su influencia en la  confianza jurídica,  la  Academia de Ciencias Políticas y Sociales plantea al  país la necesidad de  racionalizar legislativamente el concepto  de la seguridad de la  Nación,  que impida su utilización como justificación para  limitar el ejercicio de derechos políticos, económicos y sociales,   con riesgo para los valores democráticos.  En ese mismo orden de  ideas,   la Academia de Ciencias Políticas y Sociales  propugna  que se redefina la  misión de la Fuerza Armada Nacional vinculándola a la defensa exterior y a la  preservación del orden constitucional y que se delimite su  participación en el mantenimiento del orden interno y en la  práctica de actividades administrativas,  que corresponden  como función esencialmente a las autoridades civiles.

 

Conclusiones

 

Las propuestas anteriores tienen el  propósito de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad de la Nación para la construcción del proyecto de gobernabilidad de la sociedad democrática contenido en la Constitución, fundada en un desarrollo con justicia social y con libertad. En ese proceso de complementariedad de diversos sectores  el Parlamento ha  de ser no  solo  la  representación de toda  la  Nación sino el espacio natural para la  concordancia de las piezas políticas y sociales que  coexisten en el  país.  La razón de esa complementariedad  es que para que  las decisiones del Estado cuenten con verdadera legitimidad deben tener  un amplio  respaldo. Asimismo, esta  Academia está  consciente de la  importancia de la libertad  de enseñanza  en todos los  niveles  y  de  la  educación en las políticas  públicas, por lo que debe declárasele  de interés  público nacional,  porque no sólo eleva  el  nivel  cultural  y cívico de nuestros  ciudadanos, sino que  también contribuye  al  mejoramiento de la  lucha  contra la delincuencia  y contra  la  corrupción,  y  porque promueve las  potencialidades del  país  y la  aptitud de los  venezolanos  hacía la  convivencia  ciudadana,. Por  ello,   ha  de  ocupar actividades de primer orden en las  políticas públicas y  en la  planificación presupuestaria del país. Por  todo lo  expuesto, la  Academia de Ciencias  Políticas y Sociales   propugna la  necesidad de ese encuentro nacional  para lograr acuerdos de reinstitucionalización del país, con  la intención de  llevar a cabo el  propósito constitucional de construir una sociedad democrática, es decir, de  una democracia para todos y con todos.